Ocho presidentes en nueve años es un insano récord y una expresión de decadencia institucional cuyas secuelas son, entre otras, la muerte y destrucción causada por sicarios o economías ilegales. Los cierres del Congreso y vacancias presidenciales, si bien constitucionales, lamentablemente son vistas en los últimos tiempos como escaques de un tablero táctico que no contempla el impacto estratégico y el caos que engendra a futuro.
El costo económico del caos de la última década es brutal; el Perú creció solo 23 % cuando pudo hacerlo por sobre 55 %. El COVID destruyó 135 mil micro y pequeñas empresas y generó 7 millones de desempleos; ello exigía tener en 2021 un gobierno capaz, con visión y decisión, y en torno a objetivos concretos. La izquierda extrema logró su objetivo de tomar el poder en el bicentenario y puso a Castillo como presidente. Más de 20 mil millones de dólares fugaron por temor a las estatizaciones, dejando millones de desempleados.
En esta década los homicidios saltaron de 7,8 a 11 por cada 100 mil habitantes. Este año, son casi 1700 asesinatos registrados, en un marco de corrupción donde el Perú ocupa el puesto 127 en el mundo. El INPE ha colapsado con hacinamiento de 400 % y cárceles que son escuelas de perfeccionamiento del crimen; fiscales que sueltan sicarios o no acatan leyes; jueces que liberan extorsionadores por “falta de pruebas”; o enfrentamientos entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. En el colmo de la osadía, una fiscal puede romper un acta frente al policía que la redactó, mostrándonos el borde del abismo.
El Congreso en diez años fue cada vez peor. El nivel de los escándalos de muchos de sus integrantes se refleja rápidamente en la desaprobación ciudadana. Desde aquella mayoría apabullante del fujimorismo que desaprovechó una oportunidad dorada, hasta los pactos mafiosos de los “niños” y “mochasueldos”, se demuestra que el Parlamento ha sido infiltrado por el crimen. Leyes con nombre propio, como la llamada “Ley Soto”, que redujo los plazos de prescripción y limpió a otros congresistas; o el archivo de casos flagrantes como el de los “niños”; o congresistas que habrían recibido dinero sucio de Castillo.
De otro lado, Martín Vizcarra traicionó a PPK y cerró el Congreso para elegir uno nuevo que lo vacó por su confirmada incapacidad para ser presidente. Hoy está doblemente inhabilitado, pero sigue con su corona de la corrupción, postulando en desafío flagrante al ordenamiento legal. Como Vizcarra, Castillo es un delincuente y está preso, pero no inhabilitado a pesar de las 69 víctimas producto de su intentona.
La década perdida exige otra de recuperación. Las elecciones de abril de 2026 son cruciales para reordenarse y despegar o hundirse sin remedio. Necesitamos un líder que reconquiste la seguridad desde el primer día y que devuelva la confianza a los inversionistas para crear empleo y frenar la fuga de talentos; para ello deberá respaldarse en una bancada congresal sólida que faculte hacer reformas de fondo como el fortalecimiento de: la JNJ, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INPE, la PNP.
Alguien que destrabe los 60 000 millones de dólares en inversiones mineras y desarrolle un verdadero shock de infraestructura; que entienda el valor de las zonas francas; que combata la extrema pobreza con todas las herramientas y la venza; que destrabe las inversiones paralizadas a nivel nacional y enrumbe al Perú por el camino soñado para las generaciones venideras, de manera IRREVERSIBLE.
Deja una respuesta