En los últimos diez años, el Perú ha sido testigo de una inestabilidad política que roza el colapso institucional. Desde 2016, seis presidentes han desfilado por Palacio de Gobierno: PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y Boluarte, y hoy José Jerí es el nuevo inquilino. Nótese que tres de ellos son parlamentarios. Esta rotación frenética es el resultado de un sistema presidencialista desequilibrado, donde solo dos vicepresidencias son barrera insuficiente ante las crisis políticas.
Las traiciones políticas, las censuras y vacancias han expuesto la fragilidad de nuestro sistema democrático. Frente a este panorama, urge una reforma constitucional que cree una tercera vicepresidencia para blindar la democracia representativa y evitar que el presidente del Congreso —figura ajena al Ejecutivo— asuma el poder, desnaturalizando el carácter presidencialista de la República.
La crisis actual se inició en marzo de 2018, cuando Kuczynski renunció ante una inminente vacancia por presunta corrupción, asumiendo Vizcarra, quien, en tratativas oscuras, tomó el poder presidencial y, por hechos de corrupción, mala gestión de vacunas durante la pandemia de COVID, es decir, por incapacidad moral permanente, fue vacado por el Congreso. Aquí radica el primer fallo estructural: la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, había renunciado meses antes en protesta por la disolución congresal, creando una sucesión vacía. Así, Manuel Merino, presidente del Congreso, asumió la jefatura del Estado por pocos días hasta su renuncia en medio de protestas orquestadas por la izquierda caviar. Sagasti, otro congresista, lo sucedió temporalmente.
Este patrón se repitió en 2022. Pedro Castillo, asfixiado por actos de corrupción y enfrentado al Congreso, intentó un golpe de Estado el 7 de diciembre, lo que precipitó su arresto y vacancia inmediata. Dina Boluarte, su única vicepresidenta, asumió constitucionalmente, pero, sin otro vicepresidente en funciones; convenientemente, el cargo estaba vacío desde las elecciones de 2021.
La ausencia de un tercero permitió que, en octubre de 2025, tras la vacancia de Boluarte por la crisis de inseguridad y presunta corrupción, el presidente del Congreso, José Jerí, tomara las riendas del Ejecutivo. En menos de una década, el Congreso ha vacado a tres presidentes, haciendo de la política peruana un terreno incierto, superando incluso a otros Estados políticamente inestables de la región.
La crítica es evidente: dos vicepresidencias son insuficientes en un contexto de alta fragmentación y desconfianza crónica. Las traiciones, las renuncias o censuras dejan huecos que invitan a la intromisión congresal. El artículo 115 establece que, en defecto de ambos vicepresidentes, asume el presidente del Congreso, lo que transforma temporalmente nuestra república presidencial en un régimen semiparlamentario que afecta el principio de separación de poderes e incentiva maquinaciones de legisladores ambiciosos y voluntarios para ser presidentes.
Esta dinámica erosiona la legitimidad democrática, fomenta inestabilidad —con protestas violentas y muertes— y debilita la inversión extranjera, como se vio en la caída del PBI durante las sucesivas transiciones.
Lógicamente, el problema es sistémico. Si en diez años hemos agotado la línea de sucesión tres veces, ¿qué ocurrirá en futuras crisis? La Constitución de 1993 enfatiza el control político sobre la difícil resiliencia. Además, existen dos vicepresidentes que asumen roles simbólicos —participan en el Consejo de Ministros sin voto— y han demostrado ser insuficientes en momentos de crisis. Otra vicepresidencia extendería la cadena a tres, reduciría probabilidades de vacío de poder, minimizaría las opciones del Congreso como solución política y preservaría el Ejecutivo en manos de figuras electas, alineadas al presidente de la República, evitando que un congresista —elegido, entre otras, para fiscalizar al Ejecutivo— dirija políticas ejecutivas nacionales.
La propuesta es clara: modificar la Constitución y elevar a tres vicepresidentes elegidos en fórmula única y con responsabilidades puntuales en el Ejecutivo. Urge, además, blindar su permanencia, prohibiendo renuncias sin causa justificada y elevando umbrales para vacancias, como en otros Estados. En un Perú post-2025, con elecciones inmediatas en 2026 acechando, esta reforma es estratégica en el sentido de futuro. No aplicaría inmediatamente, pero sí para procesos siguientes, y hay que pensar en qué tipo de país le vamos a dejar a las generaciones venideras.
Hay que prevenir que traiciones y censuras conviertan la democracia en un juego de tronos, restaurando la confianza en una república verdaderamente representativa. El Perú es perpetuo y los políticos una circunstancia, pero, como decía Ortega y Gasset, nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias, y dejemos de gestionar estas circunstancias tan mal que comprometemos a las venideras generaciones. Hay soluciones y sí se puede.
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